L’Edito du Rezo – Un decreto selectivo: La omisión estratégica de los gánsteres de cuello blanco

El presidente dominicano, Luis Abinader, ha decretado que las bandas haitianas son «terroristas», una declaración que, aunque en línea con una retórica de seguridad esperada, resulta curiosamente selectiva. Condena sin vacilación a los grupos armados que siembran el terror en Haití, pero omite de manera llamativa mencionar a esos otros «gánsteres»—las élites económicas y políticas que financian, arman y explotan estas milicias. Así, Abinader se inscribe en una lógica paradójica: reconoce un síntoma sin interrogar sus causas profundas ni a los actores ocultos que se benefician del caos.

Un Decreto a Destiempo: Reconociendo lo Evidente con Retraso

El término «bandas terroristas» no es novedoso. Ha sido utilizado repetidamente por diversos actores haitianos desde el gobierno de Ariel Henry. Los observadores de la crisis haitiana saben desde hace tiempo que estos grupos armados no son meros elementos anárquicos, sino milicias que operan bajo órdenes encubiertas. La inseguridad en Haití no es una simple fatalidad, sino un fenómeno programado y mantenido por fuerzas que van más allá de los ejecutores visibles. En este sentido, el decreto de Abinader, aunque rimbombante en su forma, parece más bien tardío y limitado en su alcance analítico.

Un Comunicado Bienvenido, Pero Sesgado

Si una declaración de este tipo proviniera de las propias autoridades haitianas, podría interpretarse como un acto valiente frente a la clase política actual, incapaz de garantizar la seguridad del país. Sin embargo, el problema es evidente: ¿cómo puede un presidente extranjero denunciar la inseguridad en Haití sin mencionar a sus verdaderos arquitectos? Un decreto serio habría reconocido, como mínimo, la existencia de los «gánsteres de cuello blanco» que prosperan en el caos haitiano, algunos de los cuales incluso operan desde territorio dominicano. Abinader, con sus servicios de inteligencia altamente calificados, no puede desconocer esta realidad.

Una Selección Oportuna de los Enemigos

Al estigmatizar exclusivamente a las bandas armadas, el presidente dominicano evita mencionar a los poderosos financistas y políticos que dirigen esta violencia desde las sombras. Según ciertas comisiones de desarme, al menos once familias estarían involucradas en la estructura de mando de estas bandas. Entonces, ¿por qué Abinader se limita a condenar a los ejecutores y no a los verdaderos instigadores? Esta selección estratégica del decreto sugiere que su propósito podría no ser del todo altruista: ¿es una maniobra diplomática para justificar políticas migratorias más estrictas contra los haitianos? ¿O un intento de desviar la atención de las complicidades dentro de la propia República Dominicana?

El Tráfico de Armas: Una Hipocresía Silenciosa

El decreto de Abinader habría sido más creíble si hubiera abordado la cuestión de la procedencia de las armas y municiones que abastecen a estos grupos criminales. La realidad es clara: estas armas no se fabrican en Haití ni son importadas directamente por las bandas. Diversos informes internacionales señalan a la República Dominicana como un punto de tránsito clave en el tráfico de armas hacia Haití, con la presunta participación de exmilitares dominicanos. ¿Cómo puede entonces el presidente dominicano condenar la violencia sin reconocer el papel que juega su propio territorio en la facilitación de este comercio ilícito? Erradicar las bandas haitianas requiere más que una declaración simbólica; implica un compromiso real para desmantelar las estructuras que las arman y financian.

¿Quién Merece Realmente la Etiqueta de Terrorista?

Calificar a las bandas haitianas de «terroristas» es una verdad parcial que, al ignorar a los demás actores del caos, se convierte en una manipulación estratégica de la realidad. Sí, estos grupos armados aterrorizan a la población. Pero su existencia depende de apoyos logísticos, financieros y políticos que operan bajo una fachada de respetabilidad. Al señalar solo a los ejecutores y no a los instigadores, Abinader refuerza una narrativa incompleta y políticamente conveniente. Combatir la inseguridad exige un enfoque integral: denunciar a los perpetradores sin tocar a los patrocinadores solo perpetúa un ciclo de violencia en el que los verdaderos beneficiarios permanecen impunes.

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